El Consejo de Ministros de España aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, actualizando una normativa de 1984 para incluir a influencers y medios digitales con alto impacto. La ley busca adaptarse al entorno digital y garantizar el derecho a la información veraz y al honor.
El Consejo de Ministros de España ha dado un paso crucial en la lucha contra la desinformación al aprobar el
Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que actualiza una normativa vigente desde 1984: este cambio busca adaptarse a los desafíos del entorno digital, extendiendo el derecho de rectificación a
influencers y
medios digitales. Se trata de una de las iniciativas clave del
Plan de Acción para la Democracia, diseñada para fortalecer tanto el derecho a la información veraz como el derecho al honor.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, destacó en rueda de prensa que la aparición de nuevas tecnologías y plataformas digitales ha generado un flujo constante de información, muchas veces inexacta o tergiversada, que puede causar graves perjuicios. La nueva ley reconoce que no solo los medios de comunicación tradicionales deben rendir cuentas, sino también los influencers y usuarios con un alto impacto en redes sociales.
Esta normativa aplica a quienes superen los 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 acumulados en varias, dado que su alcance puede rivalizar e incluso superar al de medios convencionales. Además, las plataformas digitales deberán habilitar mecanismos accesibles para facilitar las solicitudes de rectificación.
Novedades clave de la ley: el papel de los influencers
El texto introduce cambios significativos para garantizar una mayor efectividad en el ejercicio del derecho de rectificación:
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Ampliación de plazos: Ahora se disponen de diez días (frente a los siete anteriores) para solicitar la rectificación.
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Agilidad en los procedimientos: Los procesos judiciales relacionados serán más rápidos y accesibles.
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Difusión destacada: La rectificación deberá publicarse con la misma relevancia que la información original. En plataformas digitales, además, se incluirá un aviso que vincule ambas publicaciones.
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Inclusión de nuevos sujetos: Se refuerzan los derechos de personas con discapacidad y familiares de personas fallecidas afectadas por informaciones falsas.
Otra novedad es la eliminación del requisito de acudir al director del medio para iniciar el proceso, simplificando el trámite y ampliando su alcance.
Un compromiso con la democracia
Este proyecto es la cuarta medida del
Plan de Acción para la Democracia, que busca promover un debate público de calidad y proteger a los ciudadanos frente a la desinformación. La reforma refuerza los derechos fundamentales, adaptándose a los tiempos y respondiendo a la creciente influencia de las redes sociales.
Con este cambio, España se sitúa a la vanguardia en la regulación del derecho de rectificación, demostrando que la protección de la verdad no solo es una cuestión de medios tradicionales, sino también de la esfera digital. Así, el Gobierno busca equilibrar el poder informativo y devolver el control a quienes, a menudo, se ven indefensos ante las nuevas dinámicas comunicativas.